Las declaraciones del secretario de Marina, el almirante Francisco Vidal Soberón Sanz, el pasado jueves 15, en el sentido de que las Fuerzas Armadas están preparadas para “un cambio de régimen” a partir del 1 de julio, no quita el descontento de la cúpula militar con el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia (JHH), quien en la construcción de su tercera candidatura presidencial ha cuestionado repetidas veces el papel de las fuerzas castrenses en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.Han sido públicos los desencuentros de los jefes militares con López Obrador. Por eso no es extraño que entre los mandos de las Fuerzas Armadas se esté revisando su actuación y entorno. Incluso, en un trascendido periodístico publicado el jueves 8, El Universal aseguró que el Ejército “enlista groserías de AMLO”.
Pero los jefes militares no pueden hacer más, sobre todo porque también están conscientes de que se puede repetir lo ocurrido en 1988, cuando la tropa votó por Cuauhtémoc Cárdenas prácticamente en todo el país.
Tal es la lectura que hay entre allegados a la cúpula militar, según consultas realizadas por Proceso. “No pueden impedir un eventual triunfo de López Obrador, pero van a seguir muy de cerca lo que haga y de cuantos se está rodeando. Pero hasta ahí, porque los jefes militares no pueden hacer más”.
Un cambio de régimen, como lo llamó el secretario de Marina, implicaría quitarle a la actual cúpula militar el control del proceso para elegir a los próximos jefes del Ejército y de la Armada. En la Sedena, por ejemplo, el secretario, general Salvador Cienfuegos Zepeda, pretende mantener el control de los aspirantes para evitar lo que ocurrió en el sexenio pasado con el general Guillermo Galván –quien no logró designar a su sucesor–, explicaron.
Presuntos sucesores
Los mandos que rodean al titular de la Sedena son los candidatos naturales a sucederlo. Entre ellos, el subsecretario Roble Arturo Granados Gallardo, a quien apenas el pasado 1 de septiembre el general Cienfuegos promovió como número dos de la Defensa.
Maestro en administración militar para la seguridad y la defensa nacionales, Granados Gallardo ha sido comandante en distintas zonas militares del país y antes de ser subsecretario fue jefe de Estado Mayor; es decir, encargado de la operación del Ejército en la actual administración.
Los otros cercanos al titular de la Sedena son el general Eduardo Emilio Zárate Landero, oficial mayor; y el inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea, general Pedro Felipe Gurrola Ramírez, quien fue comisionado especial del gobierno de Peña Nieto en Michoacán.
Entre los mandos que rodean al general Cienfuegos también está el jefe de Estado Mayor de la Sedena, general Alejandro Saavedra Hernández, quien hasta diciembre fue inspector y contralor general, y cuya promoción, sin embargo, fue interpretada como una protección antes de que pase a retiro. Organizaciones no gubernamentales cuestionan su papel durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
Pero el juego sucesorio de Cienfuegos podría terminar con un eventual triunfo de López Obrador, cuya pieza más conocida dentro del Ejército es el general Audomaro Martínez Zapata, originario de Tabasco, como el hasta ahora precandidato. Es un militar en retiro, pero esa condición no le impediría ser titular de la Sedena. La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea no dice si el general secretario debe estar activo o retirado.
Secretario de Seguridad Pública de Tabasco al inicio del gobierno de Arturo Núñez, Martínez Zapata ha colaborado con López Obrador desde su primera campaña presidencial, en 2006. Entonces –y luego, en la siguiente campaña– fue el enlace del tabasqueño con mandos militares retirados o en activo.
En marzo de 2006 el entonces candidato tuvo una comida con militares en retiro, a quienes propuso crear un mando único para las Fuerzas Armadas, como lo ha reiterado en el actual proceso electoral.
López Obrador también puede contar con otros generales en retiro, como Augusto Moisés García Ochoa, quien le disputó el liderazgo de la Sedena a Cienfuegos. En cuanto éste fue designado alto mando del Ejército por Peña Nieto, envió a García Ochoa a la XI Región Militar, en La Laguna, que comprende los estados de Coahuila y Chihuahua. La región tenía entonces altos índices de violencia. Reducida la tensión en la zona, fue enviado después como comandante de la II Región Militar, en Mexicali, desde donde se retiró en 2016, al cumplir 65 años.
Aun cuando se acercaba su retiro, siguió siendo objeto de la persecución que se desató en su contra desde el proceso sucesorio de la Sedena en 2012. Entonces se filtraron a la prensa documentos de la Defensa que lo señalaron como responsable de la adquisición de equipo de espionaje para uso del Ejército.
Según los documentos, García Ochoa pagó por el equipo cinco mil millones de pesos a la empresa Security Tracking Devices, en su calidad de director de Administración de la Defensa Nacional. El uso del equipo de intrusión, sin embargo, estaba en las áreas operativas.
Ya en Mexicali, nuevas filtraciones lo acusaron de estar investigado en Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero mediante la adquisición de vehículos militares tácticos, conocidos como Sandcat. Las filtraciones no pasaron de ahí y en su ceremonia de retiro escuchó el toque militar conocido como Tres de Diana, con el que se hace reconocimiento de los méritos militares.
Guardia Nacional
A diferencia de sus campañas anteriores, López Obrador ahora ha puesto énfasis en el papel de las Fuerzas Armadas. Ha planteado retirarlas del combate a la delincuencia y en su lugar propone un mando único, por él encabezado, en el que participen también las policías. Todos agrupados en una Guardia Nacional, la cual está prevista en la Constitución.
Pero sus propuestas han estado acompañadas de confrontaciones con los mandos militares. En marzo del año pasado, cuando presentó en Saltillo su libro 2018, la salida, dijo que los militares regresarían a sus cuarteles para que sólo tengan la función de mantener la paz y no la de “masacrar al pueblo”.
“No se puede enfrentar la violencia con la violencia… No se va a utilizar al Ejército ni a la Marina para reprimir al pueblo. Los soldados, que son pueblo uniformado, tendrán su lugar, el papel que les corresponde, que es el de garantizar la paz, la tranquilidad; no ser usados para masacrar a los mexicanos”. Aseguró también que los soldados lo apoyaron en 2006 y 2012, “y así va a ser en el 18”.
Ese mismo mes, durante una gira por Nueva York y Washington, al ser acosado por manifestantes por el alegado aval que le dio a la candidatura a alcalde de José Luis Abarca –implicado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa–, López Obrador respondió molesto: “Es injusto; el reclamo es al Ejército, no a nosotros. El reclamo es al régimen. El reclamo tiene que ser a Peña Nieto, a las Fuerzas Armadas, a quienes intervinieron en ese crimen, no a nosotros”.
El señalamiento provocó la reacción del gobierno por conducto del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; y del vocero presidencial, Eduardo Sánchez. El entonces presidente del PAN y actual precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, habló incluso de agravio a las Fuerzas Armadas. Los jefes militares guardaron silencio.
El precandidato de JHH aseguró que su crítica no era hacia las Fuerzas Armadas. “Los soldados son pueblo uniformado. Cuando triunfemos, no se utilizará al Ejército para reprimir al pueblo… En las elecciones de 2006 y 2012 los soldados votaron por un cambio y seguirán insistiendo por un cambio verdadero”, remachó.
En un comunicado fechado el 23 de marzo de 2017 reiteró que la solución a la violencia no es con fuerza. “Lo social es el 90%. Lo demás es que haya coordinación entre las corporaciones de policía… No es un asunto de fuerza, sino de inteligencia”.
La ejecución de un civil, en mayo siguiente, por parte de un policía militar en el poblado de Palmarito, durante un operativo castrense en la zona de robo de combustible, en Puebla, fue otra ocasión para que el precandidato criticara la política de seguridad.
“Peña debe pronunciarse hoy mismo en el sentido de que va a cambiar la estrategia fallida que se ha utilizado para supuestamente enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia; no más represión, que no se siga utilizando al Ejército para reprimir al pueblo”, dijo en otro comunicado.
Más directo, señaló: “Desde Calderón se ha bajado la orden en la Secretaría de la Defensa y en la Secretaría de Marina de llevar a cabo estos exterminios, masacres”.
A fines año pasado López Obrador intensificó su arremetida contra el papel que han tenido los militares en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Incluso sugirió la idea de dar amnistía a los jefes de la delincuencia organizada, lo que provocó, entonces sí, una respuesta directa de los altos mandos del Ejército y de la Marina.
“Sería un gravísimo error el pensar en amnistiar a quienes han hecho tanto daño al país. Están dejando de lado todo el mal que le han hecho al país, a cuanta gente ha muerto por su culpa. Cómo es posible pensar en que se les dé una amnistía”, cuestionó públicamente Cienfuegos.
El secretario de Marina calificó de “extremadamente simplista” la sugerencia de López Obrador, a la que se refirió también como “mera propaganda electoral”, además de que no habría manera de ponerla en práctica. En tono de burla expresó: sería como decirles a los narcotraficantes que sigan repartiendo droga, sólo que no generen violencia y no maten a nadie. “Por supuesto que el gobierno no puede pactar con la delincuencia organizada. Sería convertir al Estado en parte de la delincuencia organizada”.
El precandidato les contestó con la reiteración de sus propuestas y aseguró que los jefes militares lo criticaron porque recibieron órdenes de hacerlo.
“Cambio de régimen”
La aprobación de la Ley de Seguridad Interior en el Congreso y su promulgación por parte de Peña Nieto fue otro motivo de discordia. Pero López Obrador desestimó esa ley, que ha generado un amplio rechazo en la sociedad por ampliar las facultades de los militares en tareas de seguridad.
La ley está ahora bajo controversia en la Suprema Corte de Justicia.
“Voy a asumir el mando. En la Constitución con mucha claridad se establece. Por eso no hay que estar temiendo a la reforma… Pronto, muy pronto, el próximo presidente de México no va a dar ninguna orden para que el Ejército ni la Marina, ni ninguna fuerza militar o policiaca, reprima al pueblo. Por eso estén tranquilos. No vamos a utilizar la misma estrategia”.
Apenas comenzó este año y López Obrador enfiló sus críticas hacia el Estado Mayor Presidencial (EMP), el costoso cuerpo de soldados, marinos y pilotos encargados cuidar al presidente y a su familia.
Asumido ya como vencedor de los comicios del próximo 1 de julio, aseguró que integrará el EMP a la Sedena y que sus instalaciones pasarán a formar parte del Bosque de Chapultepec.
En su franca confrontación con Cienfuegos, la semana antepasada criticó que se le pretendiera entregar un doctorado honoris causa en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas: “¿Qué tiene que estar el secretario de la Defensa recibiendo un premio de una universidad de Chiapas? Eso es politiquería”.
En medio de tantos desencuentros, el pasado jueves 15 el secretario de la Marina, el almirante Soberón, sorprendió cuando en una conferencia en la Escuela de Aviación Naval, en La Paz, dijo que las Fuerzas Armadas están preparadas para “un cambio de régimen”, como ocurrió con la llegada del PAN.
“Las Fuerzas Armadas siempre estaremos del lado de la sociedad y lo que la sociedad elija; obviamente estaremos con quien sea el presidente”, aseguró el jefe militar.
Este reportaje se publicó el 18 de febrero de 2018 en la edición 2155 de la revista Proceso.
http://www.proceso.com.mx/523426/reganadientes-pero-defensa-y-marina-aceptarian-un-triunfo-de-amlo
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