Por la noche, el abogado de esa firma, Juan Mata Vadillo, envió un comunicado en el que señala que incluirla en el listado de empresas fantasmas es una simple presunción que realiza ese organismo.Indicó que la empresa está “legalemente constituida en México y cuenta con activos y operaciones reales.
El SAT publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un listado de 49 empresas fantasmas, entre las cuales ubicó a la firma Manhattan Master Plan Development S. de R.L. de C.V., a la que el panista Anaya Cortés vendió una nave industrial en Querétaro.
La SHCP, por conducto del SAT, y la Administración Desconcentrada de la Auditoría Fiscal de Querétaro refieren en el DOF que detectaron a contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
El órgano fiscalizador notificó vía buzón tributario, el 16 y 17 de octubre de 2017, que esa empresa se encontraba en las listas preliminares de operaciones presuntamente inexistentes.
Posteriormente, el 31 de octubre y el primero de noviembre se le notificó por vía de la página del SAT que se encontraba en ese listado.
Más adelante, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 y 16 de noviembre del año pasado su existencia en el listado, para quedar incluida en la resolución definitiva del artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, al ser notificada vía buzón tributario el 13 y 14 de diciembre pasado.
Las notificaciones fueron realizadas por la Administración Desconcentrada de la Auditoría Fiscal de Querétaro.
En el DOF se detalla que detectada la situación, la autoridad, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, emitió oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el anexo (lista de empresas), en el cual se indicó los motivos y fundamentos por los cuales estas firmas se ubicaron en la hipótesis del primer párrafo de dicho artículo.
El abogado de la parte acusadora, Adrián Xamán McGregor, señaló al panista Anaya Cortés de haber dispuesto de un esquema de lavado de dinero para hacerse llegar millones de pesos.
Xamán McGregor aseguró que entre 2016 y 2017, dos clientes suyos se prestaron a hacer transferencias y triangulaciones mediante empresas fantasmas en favor del político queretano y que en ese ánimo aparentaron la venta de una nave industrial por aproximadamente 54 millones de pesos, operación que habría sido realizada entre la empresa Juniserra –firma que la parte acusadora liga a Anaya Cortés– y Master Plan Development.
Los dos involucrados supuestamente fueron contratados para tal efecto por el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda.
En declaraciones recogidas en la radio, Aristóteles Núñez, ex titular del SAT, afirmó que en esas operaciones inmobiliarias Ricardo Anaya pagó sus impuestos, pero valdría la pena aclarar cuál fue el valor agregado de ese inmueble.
La legislación establece que a cada contribuyente se le otorga un plazo de 15 días hábiles, a partir de la última notificación, para que realicen las manifestaciones y aporten las pruebas que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios.
Una vez aportadas las pruebas del contribuyente, la autoridad fiscal cuenta con un plazo de cinco días para valorarlas y emitir la resolución correspondiente.
También la autoridad cuenta con la facultad para emitir un requerimiento de información adicional, que deberá ser atendido por el contribuyente en un plazo no mayor a 10 días a partir de que surta efectos la notificación.
Según la indagatoria en curso de la Procuraduría General de República (PGR), se señala que Ricardo Anaya Cortés compró un terreno a Barreiro Castañeda en 10 millones de pesos. Posteriormente, este último presuntamente trianguló recursos económicos por medio de una red de empresas fachada en varios países y paraísos fiscales para perder el rastro del origen del capital y finalmente volver a comprar el lote a Anaya, ahora como nave industrial, en la que se realizó otra inversión y se vendió ahora en 54 millones de pesos, es decir, con un valor agregado.
Anaya Cortés explicó que quien le compró su terreno no es una simulación del empresario Manuel Barreiro, y la operación por 54 millones de pesos fue legal y transparente en la que se pagaron los impuestos correspondientes.
Las pruebas
Sin embargo, el SAT subraya que una vez que se analizaron los argumentos, pruebas y manifestaciones, las operaciones inexistentes se estipulan porque no cuentan con los activos como personal, infraestructura o capacidad material para desarrollar sus actividades.
El gobierno federal, a quien Anaya Cortés acusa de ser corrupto y de utilizar los mecanismos del Estado para desacreditarlo, señala al abanderado panista de participar en operaciones presuntamente irregulares.
Por su parte, el abogado Adrián Xamán McGregor afirma que el candidato presidencial incurrió en lavado de dinero, y aseguró que sus clientes Alberto N y Daniel N, involucrados en estos hechos, han sido hostigados.
El litigante precisó que sus defendidos fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, empresario de Querétaro, entre 2016 y 2017, para realizar esta operación que le hiciera llegar recursos económicos a Ricardo Anaya Cortés mediante empresas fantasmas.
Tras presentar un oficio en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República, Anaya Cortés rechazó rendir su declaración ministerial como parte del caso de presuntas triangulaciones por medio de empresas fachada que tenían el objetivo de comprar al abanderado panista una propiedad por una suma millonaria.
Llama la atención cómo en una carpeta de investigación en curso haya trascendido tanta información confidencial en contra de Anaya Cortés, cuando en otros casos los funcionarios a cargo deberían estar impedidos e incluso sancionados por la información filtrada al ser una averiguación previa.
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/27/politica/003n1pol
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