Capítulo 6 del libro "10 priistas a los que hay que odiar" de Luis Aldana publicado en 2014.
6. EL CHISTOSITO
La politica mexicana, más que política, parace una vida de chiste, principalmente para gente como Jesús Murillo Karam, ex gobernador de Hidalgo y actual procurador general de la República. Ironías de la vida que sólo pasan en México: delincuentes juzgando a delincuentes, y que por encima de todo, se burlan de los mexicanos sin verguenza alguna.
En las siguientes páginas compartimos con ustedes algunas opiniones y reportajes acerca de este personaje tan chistosito.
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Un nuevo escándalo atacó al titular de la PGR, su nieto quedó impune luego de golpear a su exnovia Alexia Ímaz, quien es hija del Director del CISEN. En un país donde la falta de denucia es un problema grave de justicia y las agresiones a mujeres una constante la omisión de las autoridades y en especial del Procurador es lacerante.
Cualquier abuso en contra de las mujeres es un delito y debe ser especialmente castigado por su condición de género. Alexia, la víctima, efectivamente se presentó en la Procuraduría de Morelos para posteriormente, desistir de levantar una denuncia. Pueden presumirse presiones, siempre que difícilmente alguien que haya sido violentado y que señala públicamente a su agresor en redes sociales, se presenta ante la institución que corresponda sólo para 'saludar' y no levantar denuncia alguna.
Gerardo Saade posteriormente se dijo 'arrepentido' según comunicó la PGR y se presentó ante las autoridades para conocer su situación jurídica, en la cual, al no haber demanda de por medio, libró con impunidad el rigor de la ley puesto que estos actos no son perseguidos de oficio.
La salida para el Procurador fue muy fácil, siempre que se argumentara que no existe denuncia alguna y por lo tanto, no hay delito a perseguir. Lo que no se dirá, es que son muy pocos los que se atreven a denunciar a los poderosos, incluso siendo hijo(a) de uno. En México, uno de los mayores problemas respecto al sistema de impartición de justicia es combatir la cifra negra, misma que alcanza 92 de cada 100 delitos, esto es, que son denunciados ante la autoridad menos de uno por cada diez.
Murillo Karam tiene ante sí la oportunidad de combatir la impunidad tema abordado en cada foro realizado en la materia. Si la hija de un alto funcionario no denuncia por presiones, el mensaje que se dará a la sociedad permitirá el incremento de la cifra negra en lugar de combatirla. Porque una de las principales razones de la no denuncia es la desconfianza en las autoridades así como lo engorroso de los procesos judiciales.
Si el procurador quiere conservar su puesto, debe buscar la forma de persuadir, incluso en perjuicio de su propio nieto, que se haga la denuncia correspondiente al igual que verificar que el proceso sea transparente. Si no lo hace, debe renunciar pues no puede representar a la justicia en cualquiera de sus formas cuando él mismo ejemplifica impunidad.
Respecto al agresor Gerardo Saade, es hijo de Gerardo Saade Kuri y Gabriela Murillo, esta última hija de Jesús Murillo Karam. Saade Kuri, su padre, ha sido acusado de desvíos dentro de la administración de la Escuela Americana de Pachuca por padres de familia como consta en notas periodísticas mientras que Murillo Karam ha recibido denuncias por enriquecimiento ilícito, la más reciente en 2005. El Procurador no ha hecho pública su relación patrimonial.
¿Quién es Murillo Karam?
Jesús Murillo es un viejo conocido de los hidalguenses no solamente por ser exgobernador de la entidad sino por el número de veces que ha sido representante popular. Fue legislador federal en 4 ocasiones así como 2 veces senador. Solamente en una de las anteriores fue electo directamente mediante sufragio mientras que en las restantes, accedió mediante el principio de representación proporcional. Así, entre cargos de elección popular y aquellos plurinominales, por lo menos los últimos 25 años ha vivido del erario.
Basta revisar algunos portales y noticias para profundizar un poco más.
El tres veces secretario general del PRI ha sido señalado en diversas ocasiones por su inexplicable riqueza. Alguna vez en el diario El Universal se publicó que Murillo Karam era el hombre más rico de Latinoamérica a pesar de que sus orígenes fueron más bien sencillos y ninguno de sus familiares había destacado en los negocios hasta después de su gubernatura.
Al menos una veintena de gasolinerías son administradas por familiares suyos en Hidalgo. También, se sabe que obtiene rendimientos de las empresas instaladas en la Zona Plateada –la de mayor plusvalía en la entidad-, misma que fuera arrebatada a ejidatarios. Portales hablan sobre propiedades en las zonas más exclusivas de Pachuca así como con terrenos en los alrededores de donde será construida la Refinería Bicentenario y donde se pretende construir el aeropuerto civil.
A partir de los cargos públicos que ha ostentado, el apellido Murillo se ha convertido en uno de abolengo para la capital hidalguense. Constructoras como HIVACO, Hospitales como los Marfil, el Centro Médico Intermédica –que incluye Universidad-, son otros de los tantos ejemplos sobre empresas en las que tiene laborando a su familia además de Notarías, Colegios y Universidades. Levantó polémica el beneficio hacia el Club de Fútbol Pachuca, vendiendo la propiedad a Jesús Martínez en una verdadera ganga. A este grupo también le dio facilidades para invertir así como donaciones de terrenos al igual que posteriormente lo hicieran sus sucesores en el ejecutivo estatal. Es por él que el pisal más grande de la ciudad lleve por nombre el del sionista David Ben Gurión.
Pero probablemente su mayor fortuna provenga de los despachos legales con los que cuenta en la Ciudad de México, donde litiga demandas multimillonarias contra paraestatales y otras entidades públicos en alianza con otros políticos incluso de diferentes corrientes ideológicas.
Es un político que nunca pasa inadvertido. Siendo gobernador de la entidad, durante los mandatos de sus sucesores se ha caracterizado por el despilfarro, llegando a hacerse diversos comentarios sobre la excesiva escolta con la que se moviliza. Sobran anécdotas donde opaca los operativos en los que se presentaron los gobernadores en curso y hasta al mismo presidente de la República.
Nacionalmente se le recuerda por ser defensor jurídico del voto hacia Peña Nieto en las elecciones del 2012 donde primeramente declaró que el Revolucionario Institucional no usó la intermediación del Banco MONEX para realizar algún tipo de pago a sus colaboradores y/o votantes pero luego se vio obligado a aceptar la relación tras las pruebas mostradas por los partidos y medios en un escándalo de 700 millones de pesos. También se le recuerda, ya en su cargo actual, por hacer bromas ante tragedias como la explosión en la torre de PEMEX así como la famosa sentencia donde destaca la ‘acumulación de gases’ como causa de dicho siniestro –aún sin resolver.
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Después de las elecciones del 2012, el entonces coordinador jurídico del equipo de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, admitió que sí existe un vínculo indirecto entre Monex y el PRI, pues el grupo financiero fue contratado por Alkino Servicios y Calidad, S.A. para proporcionar las tarjetas de prepago que cubrirían los sueldos de los operadores priístas.
En entrevista para W Radio, se le cuestionó a Murillo Karam:
–¿La totalidad de las tarjetas que Alkino Servicios les da es de Monex?
–Alrededor de 8 mil, sí –reconoció el dirigente priísta.
–¿Son de Monex todas? –se le insistió.
–Sí, así es. Parece ser que sí, yo no estoy muy al tanto sobre los contadores, pero parece que las 8 mil sí (fueron distribuidas por Monex) –soltó.
El ex senador detalló que el PRI contrató a la empresa Alkino Servicios y Calidad SA, firma que a su vez se hizo de los servicios de Monex para la distribución de las tarjetas.
No obstante, Murillo Karam reiteró que su partido no guarda ningún vínculo de origen o de orden jurídico o comercial con Banco Monex, S.A., institución de banca múltiple, o con grupo financiero Monex. “Entregamos estas tarjetas, yo no sé si todas sean de Monex o no, porque nosotros tenemos un intermediario, que es el que hace el trámite, o sea, esta empresa Alkino, y éste es el que nos convierte en dinero y nos financia.
“Porque ahora resulta que lavamos dinero que todavía no tenemos, no lo hemos pagado, nada más hemos hecho un pago”, justificó.
En el documento que entregó el PRI a la Procuraduría General de la República (PGR), se indica que lo pagado se ha hecho a través de transferencias bancarias y que, si bien existe un retraso, el partido cubrirá los intereses pactados con Alkino en los próximos meses.
Más aún, el Revolucionario Institucional insistió en que los gastos por esas tarjetas son considerados ordinarios y no de campaña, por lo que han sido y serán cubiertos con los recursos que el Instituto Federal Electoral (IFE) brinda al PRI para sus gastos internos.
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Las investigaciones del caso Monex se le encargaron al propio Jesús Murillo Karam y a Luis Videgaray.
El consejo general del IFE aprobó “dar vista” de los expedientes a la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por el ex procurador mexiquense, Alberto Bazbaz, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), de la que es ahora titular Videgaray Caso.
También se notificó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que forma parte de la estructura de la PGR, encabezada por Murillo Karam.
Los consejeros enviaron los expedientes de la distribución de tarjetas para que, según las facultades de esas unidades o instituciones, se inicie una investigación por presuntos actos que pudieran constituir un delito que no corresponde a lo electoral, que en este caso se vincula al lavado de dinero.
El IFE también entregó copias de la investigación de su Unidad de Fiscalización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la secretaría Ejecutiva del IFE.
Al respecto, el consejero legislativo del PRD ante el instituto, Fernando Belaunzarán, comentó que se trata de una “coartada sin pies ni cabeza”, porque, señaló, las investigaciones recaerán en el ex coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, y en el “encargado de la defensa jurídica del voto de las elecciones del 1 de julio del PRI”, Murillo Karam.
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La explosión de la Torre Ejecutiva Pemex fue una detonación que ocurrió el jueves, 31 de enero de 2013, a las 15:45 (hora local). El accidente ha provocado el fallecimiento de 37 personas y 126 lesionados, así como también importantes daños materiales en el edificio. El incidente ocurrió entre el sótano y primer piso de la torre B2, en el centro administrativo de Pemex.
Sabiendo cuestiones elementales de química y física que te enseñan en la prepa, lo ocurrido en la Torre de Pemex no se explica por medio de la versión oficial, en otras palabras, es mentira lo explicado por el gobierno. ¿Será parte de una agenda para continuar infundiendo en la gente la idea que Pemex necesita inversión privada? ¿Pudo ser provocado para destruir documentos importantes que pondrían en apuros tanto a políticos, funcionarios administrativos y empresarios que han sido beneficiados en convenios con la empresa petrolera? Esto no lo responde la física y la química pero si nos ayuda a saber si mienten los funcionarios al explicarlo y eso nos hace preguntarnos por qué no dicen la verdad, qué esconden y muchas preguntas más que tendremos que responder con nuestro sentido común, ya que la verdad, si algún día sale a la luz, será dentro de mucho tiempo.
Jesús Murillo Karam dio la resolución de la supuesta causa del accidente en el edificio de PEMEX. Basta con escuchar la resolución para darse cuenta de la vil mentira que los medios difundieron como la versión oficial.
El procurador dijo que el accidente en el edificio B2 de la Torre de Pemex fue provocado por una “explosión difusa” al “acumularse gas inflamable en el sótano”.
En conferencia de prensa, Murillo Karam dijo que “la explosión fue difusa y horizontal” y que “no hubo cráter como hubiera ocurrido en caso de bomba“. Además, el procurador precisó que los cuerpos de las personas fallecidas no presentan desmembramientos ni daños en los oídos ni rastros de carbón, como también hubiera ocurrido en caso de bomba o explosivos -”entendidos como artefactos fabricados por el hombre”-.
Murillo Karam explicó que se encontraron tres fuentes posibles de suministro de gas, y que en la zona de pilotes –en el sótano del edificio- no existe ventilación.
No obstante, todavía no se sabe cuál es el gas que provocó la explosión ni de dónde vino, aunque “creen” que pudo haber sido metano.
Murillo Karam aseguró que no encontraron rastros de explosivos y que los cuerpos hallados en la planta baja y el mezzanine no presentan rastros de fuego. Los únicos fallecidos que sí presentaron quemaduras fueron tres trabajadores de una empresa particular que se encontraban en el sótano dando mantenimiento a los pilotes del edificio.
Pero veamos una explicación más lógica:
1. Para que ocurra una acumulación de gases, y por ende, un aumento en la presión de las paredes del lugar, se requiere básicamente un espacio completamente cerrado, sin intercambio de materia con el exterior y sobre todo, un flujo continuo del gas hacia el espacio cerrado que aumente la presión del lugar. ¿Qué volumen de gas sería necesario para ejercer tal presión que lograra ocasionar los daños que se generaron en el edificio de PEMEX?
2. Las propiedades de los gases desmienten completamente la teoría de la explosión. Una de las propiedades físicas de los gases es su capacidad de difundirse (es decir, la capacidad del gas para ocupar un espacio). En un lugar como un edificio (que no es un espacio hermético), suponiendo que hubiera una acumulación de gas, este se hubiera propagado hacia otros lugares por medios físicos (ductos de aire, fisuras, ventanas, etc.) con lo cual no existe una presión suficiente como para producir una explosión. Los gases son compuestos que además de difundirse pueden fluir (no es lo mismo que difundir), es decir, desplazarse por conductos hacia otros lugares, esto es aplicable a los sistemas de refrigeración por medio de los cuales, el gas pudo haber encontrado y transportarse por allí a otros sitios de la construcción. La presión ejercida por un gas en las paredes en un recipiente (en este caso una oficina) es uniforme. Es decir, La misma presión que soportaba la parte de abajo era la misma que soportaba la parte de arriba, por tanto, el daño debería ser “uniforme” en todas direcciones, cosa que según las fotos difundidas no es así.
3. Olor característico. El gas es incoloro, inodoro e insípido, es por eso, que se le adiciona “mercapto” que es una sustancia que tiene un olor característico y es el que se percibe en una fuga de gas. Si hubiera existido una fuga o una acumulación, el gas pudo haber sido fácilmente perceptible al olfato, lo que significaría una negligencia del personal a cargo (argumento utilizado para los fines privatizadores). Para la versión del gas metano, el gas primero ocasiona muerte por asfixia antes de provocar una explosión y de acuerdo con la información que se tiene sobre las victimas mortales, ninguna murió por asfixia.
4. Sentido común. ¿En qué edificio burocrático existen tomas de gas o contenedores de gas que sean capaces de acumularse en volúmenes enormes como para explotar, cuando la actividad realizada se reduce a cuestiones administrativas y no técnicas? En pocas palabras, la fisicoquímica no miente, esto no son ni teorías, son leyes comprobadas y comprobables. El asunto de la información es que la mentira será esparcida como la versión oficial (no la verdadera). Al ignorar todo esto, la gente se creerá esta falacia y nuevamente la manipulación mediática y el control gubernamental habrán hecho su trabajo.
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Ya sea que se confirmen o no las fuertes versiones recabadas por el semanario Proceso en el sentido de que la explosión en las oficinas centrales de Pemex se debió a un atentado urdido por Los Zetas, lo que queda al descubierto en la tragedia es la vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas del país y de la población civil.
La afectación física de las oficinas administrativas de Pemex en la capital del país congregó a los servicios de seguridad e inteligencia del Estado. Al lugar corrieron agentes y elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal (PF), Ejército, Marina y de las agencias de seguridad y justicia del Distrito Federal.
Todos acudieron a recabar información; los militares pusieron en marcha el plan DN III de ayuda a la población civil. También llegaron Peña Nieto, su supersecretario de Gobernación –encargado político y operativo de la seguridad del país–, Miguel Ángel Osorio Chong, y el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
Participantes en esos encuentros aseguraron a Proceso que desde los primeros momentos de la destrucción de los tres niveles de la edificio B-2 elementos del Cisen y peritos de la PGR sostuvieron la idea de un atentado.
Los expertos consultados refirieron rastros de explosivo Composite 4 (C4), una potente carga formada por explosivo químico y un aglomerante plástico que es de uso militar y ha sido empleado en varios atentados terroristas.
Mencionaron incluso que algunas cargas no detonaron; de lo contrario, el número de víctimas hubiera sido mayor.
De acuerdo con esa versión, los peritos en explosivos del Ejército y de la Marina recogieron los restos del material y lo llevaron al Campo Militar número 1, donde confirmaron que es C4. Estiman que el explosivo se colocó en pequeñas cantidades en áreas cerradas, como aire acondicionado, cuartos de servicio y botes de intendencia, y que habría sido ingresado en mochilas o portafolios.
Los expertos estadunidenses llegaron al complejo administrativo hacia las 10 de la noche en un vuelo privado. Lo primero que hicieron fue rastrear las llamadas realizadas desde esas oficinas y las efectuadas a éstas.
En especial, se rastreó una llamada desde Veracruz, donde el Ejército ha asegurado varias cargas de explosivo C4, dijeron.
Los peritos estadunidenses también recogieron audios de Pemex, revisaron los autos de la zona y pidieron los videos del aeropuerto de la Ciudad de México, pues no descartaron la presencia de extranjeros sospechosos.
Más inquietante, esa versión sostiene que en el lugar se habría encontrado información relacionada con Los Zetas, quienes entre otras actividades delictivas se dedican a la “ordeña” de ductos de Pemex para revender el combustible que ellos llaman huachicol.
El supuesto indicio de la presencia del narcotráfico sería un reclamo de ese cártel a Osorio Chong porque la Policía Federal y la DEA realizan operaciones en Veracruz con uniformes y vehículos de Pemex. Personal especializado de la Sedena habría viajado esa misma noche a aquel estado, bastión zeta.
Las fuentes dijeron que el 12 de enero pasado aparecieron mantas en Hidalgo y Zacatecas en contra del secretario de Gobernación: “Osorio Chong no estás respetando el acuerdo con nuestro jefe máximo. No por muerto te valga madre porque nos dejó órdenes precisas”. El mensaje habría aludido a Heriberto Lazcano, El Lazca, ejecutado de manera fortuita por la Marina.
Ni el Cisen ni el Ejército ni nadie advirtió de una tragedia como la de Pemex. Sea accidente o atentado, es producto de la negligencia del aparato de seguridad del Estado, asegura Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana y consultor académico del Royal United Services Institute for Defense and Security Studies (RUSI), de Londres.
“Trátese de un accidente o, peor aún, de un atentado, la explosión constituye un primer desafío al gobierno de Peña Nieto sobre sus concepciones de seguridad y manejo de riesgos”, asegura.
La cerrazón informativa que ha mostrado su gobierno abona toda clase de hipótesis: Desde que el avejentado equipo de las instalaciones administrativas de Pemex potenció una alta concentración de gas, hasta la de un supuesto atentado que se habría realizado para producir miedo o terror entre la población y poner en evidencia la vulnerabilidad gubernamental justo al inicio de la gestión de Peña Nieto y precisamente en torno de un organismo estratégico del Estado.
Tirado pondera, sin embargo, el hecho de que el edificio principal no haya sido afectado, además de la falta de reivindicación del ataque, como cuando el Ejército Popular Revolucionario (EPR) admitió haber provocado ocho explosiones en ductos de Pemex en Guanajuato en julio de 2007, al inicio del gobierno de Felipe Calderón.
“Si bien el gobierno de Peña Nieto respondió con presencia y acciones para la atención inmediata del problema, en el fondo lo que ha hecho es negarse a informar. Una vez que tomó el control de la información desde el momento mismo de la explosión, el cerco y la ausencia de datos ha generado incertidumbre y alimentado todo tipo de explicaciones”, dice el especialista.
Añade que después de los atentados terroristas de septiembre de 2011 en Estados Unidos, en lugares donde se han registrado ataques de ese tipo, como en Madrid en 2004, y Londres en 2005 y 2012, se ha reconocido la naturaleza de los hechos, lo que ha permitido un mejor manejo de control de daños. Lo mismo se ha hecho en Colombia. Aquí, dice Erubiel Tirado, la apuesta gubernamental se ha basado hasta ahora en la experiencia política de los operadores y en el control de la información.
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El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, hizo que los usuarios de Twitter se molestaran debido a un comentario sobre una maleta encontrada en el edificio B2 de la torre de Pemex, donde se suscitó la fatal explosión.
Durante la conferencia de prensa ofrecida por el gobierno federal para informar sobre los primeros avances de la investigación en torno a la tragedia en la cual murieron 37 personas, Murillo Karam dijo lo siguiente: “La abren (maleta hallada) y se encuentran algo que es muy peligroso para los hombres: cosméticos de mujer. Y es lo más peligroso que traía la maleta”.
La ola de comentarios en la red social comenzó a brotar con frases de molestia y crítica hacia el Abogado de la Nación, en contraparte de quienes se encontraban en la rueda de prensa que no pudieron contener las risas por las declaraciones del procurador.
En el video se puede escuchar al minuto 9:20 el comentario que levantó polémica entre los tuiteros quienes lo calificaron de ‘mal chiste’.
Puede verse en video en el link:
https://www.youtube.com/watch?v=kEKgZqFu-SE
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Depsués de un año de ocurida la explosión en la Torre B de la sede administrativa de Petróleos Mexicanos (Pemex), familiares de las víctimas denunciaron al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y al director general de la paraestatal, Emilio Lozoya, por negarles el acceso a la averiguación previa que se integró y por no indemnizarlos.
En una conferencia de prensa, las familias de Luis Ojeda Olguín, Gregorio Vite Valderrama y Enrique Bartolomé Hernández, trabajadores de Copicosa y quienes perdieron la vida en la explosión, dijeron que no han recibieron ninguna indemnización de Pemex, a pesar de que Emilio Lozoya y el presidente Enrique Peña Nieto se las prometió.
Debido a esta situación, la juez del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, María Catalina de la Rosa Ortega, dio tres días al titular de la PGR para que informe si existe o no una averiguación previa por estos hechos, después de que la misma dependencia dijo que no tiene a su cargo la indagatoria AP/PGR/DF/SCZ/CAM/052/13-01.
Los familiares afirman haber recibido solamente 144 mil pesos en indemnización por parte de Copicosa, la empresa contratada por Pemex para realizar el mantenimiento de su sede administrativa.
“Pemex no les ha dado una respuesta, ni siquiera les ha dicho que ocurrió”; dijo el abogado Jesús Alberto Gerrero que representa a las familias de los tres trabajadores de Copicosa que fallecieron en la explosión.
Afirmó que si se aplicaría de verdad la ley, a las familias les tocarían entre 10 millones y 12 millones de pesos por indemnización, sin embargo, hoy tienen que vivir de prestado.
El abogado detalló que el pago de indemnización por muerte debería de ser de tres millones 880 mil pesos, mientras que cada familia debería de recibir una indemnización adicional por daño moral de cinco millones 180 mil pesos, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Además según los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un pago por concepto de lucro cesante, evaluado a un millón 297 mil pesos, debería ser entregado a los familiares. Este pago representa el pago de lo que en vida dejará de ganar la víctima hasta su promedio de vida.
“En total, las familias deberían de recibir entre 10 millones y 12 millones de pesos en indemnización”, afirmó Guerrero.
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Mientras en México sigamos permitiendo que políticos chistositos como Murillo Karam, entre otros, sigan dirigiendo al país, tendremos más tragedias como las de Pemex, más impunidad como en el Estado de Hidalgo y el caso Monex. Estos políticos, sexenio tras sexenio, continuarán burlandose de los mexicanos y viviendo a costa del erario público.
