2. EL PRECIOSO
Miembro del PRI desde 1972, Mario Marín Torres fue postulado en el 2004 como candidato a la gubernatura de Puebla ganando la elecciones de noviembre de 2004 y tomando protesta para dicho cargo el 1 de febrero de 2005. También fue alcalde de la capital poblana por el período 1999-2002.
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En 2005, la periodista y defensora de los derechos humanos, Lydia Cacho Ribeiro publicó el libro Los Demonios del Edén, investigación basada en testimonios de las sobrevivientes de una red de pederastia, que estaría encabezada por el empresario Jean Succar Kuri, y en la cual se señala a Kamel Nacif como protector de pederastas.
Como resultado, Nacif denunció penalmente a la feminista por el delito de difamación. Y en presunto contubernio con el gobernador de Puebla, Mario Marín, entidad donde Nacif tiene asentadas sus empresas, se ordenó la detención de Cacho.
El 16 de diciembre de 2005, ella fue detenida por la Policía Judicial poblana en la ciudad de Cancún y trasladada, vía terrestre, a lo largo de mil 500 kilómetros hasta la ciudad de Puebla, en un viaje de casi veinticuatro horas durante el cual permaneció incomunicada, esposada, sin agua, sin alimentos ni medicinas. Fue puesta en libertad, después de pagar una fianza de 70 mil pesos.
La feminista afirma que, luego de su detención, el Gobernador instruyó a los directivos de la cárcel para que la violaran. Asegura que una celadora del penal le dijo: todo está arreglado para que la golpeen y la violen; lo harán unas presas, con palos de escoba.
El 14 de febrero del 2006, se dieron a conocer en los medios de comunicación grabaciones telefónicas entre el industrial poblano Kamel Nacif Borge y el Gobernador de Puebla, que revelan la colusión para la detención de Lydia Cacho.
Tras el escándalo, dos días después, el 16 de febrero de 2006, Felipe Calderón -entonces candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República- exigió juicio político en contra de Mario Marín. Sin embargo, el 10 de enero del 2007, ya en la presidencia, dio su respaldo total al mandatario poblano.
Cacho Ribeiro denunció el 13 de marzo de 2006, ante las fiscalías Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (Fevim) y Especial para delitos cometidos contra periodistas, ambas de la Procuraduría General de la República (PGR), a Mario Marín y a Kamel Nacif.
Ante la segunda fiscalía también fueron denunciadas la procuradora de Puebla, Blanca Villeda, y la jueza Rosa Celia Pérez González, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación y falsedad de declaraciones.
El caso se agotó en instancias judiciales. Fue presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y el ministro Juan Silva Meza elaboró un documento relatando las vejaciones contra la periodista.
El 29 de noviembre del 2007 la SCJN, con posturas encontradas de las y los ministros, concluyó que no existió violación grave de garantías individuales de Lydia Cacho, con lo que el ex-gobernador de Puebla quedó exonerado de haber confabulado en contra de ella. La decisión se tomó con seis votos a favor.
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Nacido en la Ciudad de México, el 13 de mayo de 1946, el poderoso empresario, productor de cítricos, Kamel Nacif Borge, mejor conocido como el Rey de la mezclilla, tiene un currículum oscuro que lo ha llevado hasta la prisión, de donde ha salido libre gracias a sus negocios y relaciones.
El 15 de mayo de 1993, por ejemplo, fue arrestado en Las Vegas, en su cuarto de hotel del Caesar’s Palace por agentes locales, en cumplimiento de una orden de aprehensión provisional, de acuerdo a lo establecido en el tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.
La orden fue girada "por alegatos de evasión fiscal violatorias del Artículo 92 y 95, párrafos 1 y dos del Código Fiscal de la Federación mexicano por la cantidad de 50 mil 381 millones 623 mil 841 pesos mexicanos, como consigna la sentencia con la que obtuvo libertad bajo fianza en el estado de Nevada.
Anteriormente la prensa estadounidense publicó que Nacif Borge habría aportado cinco millones de dólares a la construcción del mencionado hotel por su afición al juego. En un lustro, la justicia norteamericana consignó que entró 75 veces al hotel.
En su alegato, como establece la sentencia, argumentó que podía obtener fianza por circunstancias especiales, como riesgos a su salud, dado que solamente tiene un riñón.
El argumento que mayor peso tuvo fue que, por ser un empresario conocido, los riesgos de su huida eran bajos. Todo lo anterior, de acuerdo con la orden de extradición CV-S-93-453-PMP-(RJJ), para extraditar a Kamel Nacif Borge el 16 de julio de 1993 por la cual ganó el derecho a fianza y sentó bases en la jurisprudencia norteamericana en el tema.
México, Estados Unidos y Hong Kong, son los puntos donde el empresario Nacif ha extendido su emporio e influencia.
Organizaciones no gubernamentales internacionales como Corp Watch, Sweatshop Watch y el Centro de Apoyo al Trabajador, consideran sin embargo que su forma de acumular dinero ha estado basada en la explotación de las y los trabajadores a su mando, otorgándoles bajos salarios.
Además, cuenta con "métodos" poco claros para que la mano de obra le resulte "más rentable", lo que le ha valido un sin número de denuncias e investigaciones en México y Estados Unidos.
En nuestro país cuenta con plantas de producción de mezclilla en los estados de Puebla, Chiapas, Quintana Roo y Tlaxcala. Integrantes de la Comisión de Derechos humanos del Valle de Tehuacán, Puebla, dan cuenta de la explotación que desde que siempre ha hecho hacia a menores de edad en sus plantas maquiladoras.
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En 2010, se reveló otro audio donde el entonces gobernador, Mario Marín, se relaciona con una muchacha de 17 años llamada Jessica. El audio apunta a que Marín y Jessica mantuvieron una relación desde 1999.
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Lydia María Cacho Ribeiro es una periodista, activista y escritora mexicana, autora de varias obras de impacto social, ha sido premiada en varias ocasiones por su labor periodística. Lydia Cacho es también reconocida activista por los derechos humanos y especialmente los de la mujer y forma parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
Cacho saltó a la luz pública por la denuncia penal en su contra, por el supuesto delito de difamación que impuso el empresario libanés Kamel Nacif Borge en el estado de Puebla, y el posterior escándalo político que tuvo lugar al implicar al gobernador de Puebla y al empresario en una confabulación para violentar la ley en contra de la periodista. Los delitos que denunció Cacho tuvieron lugar en Cancún (Quintana Roo) donde ella residía y donde fue secuestrada por elementos policiacos de Puebla y trasladada de manera ilegal a ese estado, por orden del gobernador Marín. Una vez en la ciudad de Puebla y después del escándalo público, fue puesta en libertad bajo fianza.
Gran parte de los políticos de México, organizaciones sociales y medios de comunicación exigieron la aclaración del caso e incluso la renuncia del gobernador. Además se menciona de manera colateral en algunas de las grabaciones, a los gobernadores de Quintana Roo, Félix González Canto (PRI), al de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía (coalición de partidos PAN, PRD, PVEM), al ex gobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks Díaz y al priísta Emilio Gamboa Patrón.
Lydia Cacho se encontraba en su casa trabajando el 29 de julio, cuando su radio móvil de emergencia se encendió. Ella respondió, pensando que se trataba de algún colega y escuchó una voz masculina que la llamaba por su nombre y dijo: "Ya te lo dijimos pinche puta, no te metas con nosotros. Se ve que no aprendiste con la vueltecita que te dieron, la que te va a tocar va a ser en pedacitos, así te vamos a mandar a casa, en pedacitos, pendeja".
Lydia Cacho comenzó a recibir amenazas y sufrir acoso tras la publicación de su libro. La periodista ha recibido continuas amenazas desde entonces y en algunas ocasiones en represalia de su trabajo como periodista y defensora de derechos humanos.
Lydia Cacho salió temporalmente del país. En entrevista con el diario español El País, la autora declaró que fue víctima de una amenaza directa, por medio de la intervención de una línea especial de teléfono a la que sólo podrían llegar a tener acceso los sofisticados equipos de la Marina Armada o de los cárteles que operan en Quintana Roo. Por consejo de asesores expertos en secuestros, y ante el comentario de la ex-Procuradora General de la República, Marisela Morales, quien le dijo "sería mejor que salieras unos meses del país", Lydia Cacho se autoexilió momentáneamente, en busca de reestructurar su esquema personal de seguridad. De acuerdo con la versión latinoamericana de la prestigiosa revista Esquire, México es el país con mayor índice de violencia contra periodistas, desde el 2011.
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Tras subrayar que no renunciaría a su cargo, Mario Marín Torres retó a Lydia Cacho Ribeiro a que ambos se sometan a una investigación, y esto, luego de asegurar que la voz de la conversación con el empresario Kamel Nacif no era suya.
"Hoy, con tanta tecnología, se puede falsificar, alterar cualquier voz e imagen (...) se pueden imitar voces, estoy dispuesto a que se hagan las investigaciones", dijo.
En rueda de prensa para responder al escándalo nacional que generaron las grabaciones difundidas por La Jornada y W Radio, Marín Torres dijo que "ya pasó el Día de los Reyes Magos", respondiendo así a diputados y detractores que exigían su renuncia.
Acompañado por Blanca Laura Villeda Martínez, procuradora General de Justicia (PGJ) en ese entonces del estado, Adolfo Karam Beltrán, ex-director de la Policía Judicial, y de Javier López Zavala, ex-secretario de Gobierno, sostuvo que lo expuesto por Cacho Ribeiro son puras mentiras.
Destacó que en el caso de la detención de Cacho en Cancún, Quintana Roo, nunca fue aprehendida con violencia, ni por un comando armado, sino por dos judiciales que le permitieron comunicarse con sus familiares.
Con algunos documentos en mano, aseguró que la periodista no fue incomunicada durante su trayecto de Quintana Roo a Puebla, y para el efecto presentó una lista con más de 15 llamadas que Lydia Cacho hizo desde el teléfono celular de uno de los judiciales.
Marín Torres también rechazó las versiones de tortura durante el traslado, o la reclusión en un calabazo.
Al respecto dijo que durante la detención de Cacho siempre estuvo presente un representante de la Comisión de Derechos Humanos y el director de la Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán.
Ante las insistentes interrogantes de los periodistas, Marín Torres dijo que le parecía innecesario que les diera mayores explicaciones porque además de carecer de conocimientos sobre Derecho, había una mayoría cargada a favor de Lydia Cacho.
El comentario del gobernador Marín Torres fue secundado por el director de Comunicación, Valentín Meneses, quien dijo a los comunicadores "que ven la paja en el ojo ajeno" y que "Lydia Cacho sea conciencia moral de ustedes".
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Aunque Mario Marín niega cualquier relación de amistad con Nacif, en la capital del estado se asegura que esa relación surgió a principios de los años noventa, durante el sexenio de Mariano Piña Olaya, en cuya administración Marín Torres fungía como subsecretario de gobierno.
Y no sólo eso, sino que, de acuerdo con las fuentes consultadas, la relación entre Kamel Nacif y Mario Marín fue estrechándose conforme avanzaba el proyecto de expropiación de mil 84 hectáreas de los terrenos ejidales donde hoy se asienta el complejo inmobiliario conocido como Angelópolis, donde Kamel Nacif se benefició con la compra de 100 hectáreas del ejido Momoxpan.
Los ejidatarios se opusieron a la venta de esas tierras. Uno de los líderes que defendió ese patrimonio de los campesinos e indígenas fue José Cruz Zapotécatl. Inconforme con la venta de las tierras a Nacif, José Cruz Zapotécatl se entrevistó con él para exigirle su devolución, puesto que la operación de compraventa había sido ilegal.
En el restaurante donde desayunaban, El Mesón del Ángel, el empresario ofreció a José Cruz una maleta de dinero para que abandonara su lucha. "Eran puros billetes grandes", recuerda un testigo de aquel encuentro. José Cruz rechazó el dinero y, tres semanas después, fue asesinado. El crimen, según las publicaciones de entonces, se atribuyó a Mario Marín, quien se desempeñaba como subsecretario de gobierno.
Meses después, surgieron nuevos movimientos sociales con el propósito de recuperar las tierras que habían sido "puestas en manos de los ricos". En 1994, Saturnina -La Nina, como le llamaban- luchó desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (la CNTE) para rescatar los terrenos, al mismo tiempo que planteaba las reivindicaciones de su gremio. Pero también fue asesinada, en un Volkswagen.
La misma suerte corrió Sergio Moreno, cabeza de la Organización Campesina Independiente 13 de Octubre, quien pugnaba por recuperar las tierras de la Sierra Norte. Su lucha se frustró en 1996, tras ser asesinado por los caciques que servían al poder gubernamental.
Entre los poblanos es del dominio público la historia de cómo se apropió Kamel Nacif de las 100 hectáreas de la reserva territorial más importante del estado. Luego de comprar dicha extensión, Nacif la hipotecó en el Banco de Oriente.
Tras asumir el gobierno de Puebla, Manuel Bartlett Díaz determinó la nulidad del reparto que había hecho su antecesor, Mariano Piña Olaya, por lo que las escrituras fueron invalidadas y el Banco de Oriente se quedó sin garantías. Debido a esos y a otros hechos, la institución anunció su quiebra.
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Como "una farsa" consideró la periodista Lydia Cacho Ribeiro, en entrevista telefónica con Cimacnoticias, la solicitud de órdenes de captura que la Procuraduría General de la República (PGR) emitió en contra del empresario Kamel Nacif Borge y cinco policías de Puebla, como presuntos responsables de la detención y presunta violación de garantías individuales de Cacho, según informó el diario La Jornada.
Las órdenes de captura emitidas por la PGR son una estrategia -dijo Cacho Ribeiro- para evitar que el caso llegue a instancias de justicia internacionales. Los delitos que se imputan a Nacif Borge y a los policías José Montaño Quiroz, Jesús Pérez Vargas, María Irene Arteaga Rangel y Verónica Chávez Cruz, así como del comandante Raymundo Rodríguez Rocha, no son del fuero federal y por tanto no se consideran graves, son del fuero común y pueden solicitar amparos para evitar la cárcel.
El expediente 02/FEADP/06, dice La Jornada citando "altos mandos" de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, fue turnado a un juez del fuero común en Cancún, Quintana Roo, porque un juez federal, con sede en el Reclusorio Sur, en el Distrito Federal, se declaró incompetente y un tribunal unitario determinó que los delitos de asociación delictuosa y proporcionar datos falsos a una autoridad, en el caso de Kamel, así como abuso de autoridad, por parte de los policías poblanos, son ilícitos del fuero común y no están tipificados como graves.
El expediente del caso, agrega el diario, fue puesto a consideración de un juez federal "bajo el mayor sigilo", pues los señalados como principales acusados en este asunto, Blanca Laura Villeda Martínez y el Gobernador poblano, no se mencionan como responsables de ningún ilícito.
No así en el caso de Kamel Nacif, quien, según el expediente, habría incurrido en asociación delictuosa y en proporcionar información falsa a una autoridad distinta a la judicial, pues se pudo acreditar que formuló amenazas contra Cacho Ribeiro.
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Mario Marín se fue de Casa Puebla sin dejar en claro cómo gastó 184.5 millones de pesos en 2006 para contener el sismo político que le significó el affaire Cacho-Marín. A pesar de los ríos de tinta que han corrido al respecto, sólo explicó cómo distribuyó 121 millones de pesos, del resto -63 millones— nada se sabe.
Parte de la estrategia fue inyectar 12 millones de pesos al grupo informativo que comanda Olegario Vázquez Raña –Imagen—, pagos de espacios publicitarios radiofónicos por 2.3 millones en el noticiario de Joaquín López Dóriga y una fuerte inversión de 25.6 millones en las dos cadenas televisivas nacionales. Todo esto con recursos públicos.
En ese mismo año, la administración estatal también utilizó el erario para apoyar a empresas periodísticas locales que, durante los momentos más álgidos de la crisis política, abrieron sus páginas para difundir información a favor del mandatario como los diarios Intolerancia y El Sol de Puebla, propiedad del empresario Mario Vázquez Raña.
O las empresas radiofónicas de la familia Cañedo Benítez: Grupo Acir, que luego habría de cambiar de nombre a Cinco Radio, a cargo de Coral Cañedo, así como de Marconi Comunicaciones, propiedad de Rafael Cañedo, y Radio Oro, de la familia Grajales.
Al menos esa es la distribución que reconoce la administración marinista de los 121 millones de pesos que reportó haber gastado en ese año en materia de publicidad a una solicitud de información que presentó el diario Animal Político.
Casi el mismo monto oficial que reportó el gobierno del Estado de México, uno de los que más recursos ha destinado para promocionar la imagen de Enrique Peña Nieto para el mismo año, pero 60 millones menos de los que reconoció el titular de la Secretaría de Finanzas del estado, Gerardo Pérez Salazar, en febrero de 2007 ante los diputados locales.
Esa información, proveniente de los archivos que la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas y que el gobierno marinista se vio obligada a entregar a una solicitud presentada al amparo de la Ley de Transparencia en 2008, desapareció un par de años después.
Ante una solicitud idéntica, letra a letra, la administración estatal calificó de “inexistente” la misma información sobre gastos en medios de comunicación; lo diferente, fue una actualización en fechas para conocer los movimientos y montos en la segunda parte de su sexenio.
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El 7 de febrero de 2005, con tan sólo unos días de iniciado el sexenio, La Jornada de Oriente publicó en sus páginas una entrevista con Mario Marín Torres. Eran los primeros días de su sexenio.
Las palabras que quedaron registradas no dejaban lugar a dudas. El mensaje del recién nombrado mandatario era: “Yo no voy a engordar los bolsillos de un medio –de comunicación– nada más en aras de que proteja mi imagen”.
Pero el tiempo y un problema de magnitudes insospechadas diluyó aquellas palabras un año y meses después.
Los documentos entregados revelan que el aciago 2006 –año del caso Cacho-Marín—, el gobierno del estado entregó 11.2 millones de pesos a la empresa radiofónica de Olegario Vázquez Raña, casi el 70% de lo que se destinó en ese periodo a las compañías radiofónicas nacionales.
Ese año, el presupuesto etiquetado para pagar espacios en la radio nacional se cuadriplicó, pasando de 4.01 millones de pesos en 2005 a 16.7 en 2006.
Pero no fue lo único. El diario Excélsior, parte del emporio mediático de Olegario, también sumó a sus ingresos 800 mil pesos provenientes del erario poblano para cerrar la cifra en 12 millones de pesos.
Ese mismo año, TV Azteca –facturado a nombre de Antena Azteca SA de CV y TV Azteca México— le vendió al gobierno marinista espacios publicitarios por 14.1 millones de pesos. Por su parte, Televisa Puebla logró contratos por 11.5 millones de pesos. Las dos televisoras abiertas se quedaron con el 96% de los recursos públicos destinado a ese rubro.
Ese año, La Jornada, diario que detonara el escándalo al publicar la conversaciones entre Marín y Kamel Nacif, le facturó a la administración estatal 4.9 millones, mientras que El Universal reportaba 4.7 millones por publicidad a nombre del gobierno local.
De aquel tiempo es la entrevista telefónica que Joaquín López Dóriga le hiciera a Mario Marín la noche del 14 de febrero de 2006:
Lo que pocos saben es que ese mismo año, Astrón Publicidad, empresa que a decir de la revista Etcétera es “la agencia que comercializa el espacio que López Dóriga conduce en Radio Fórmula”, le vendió 2 millones 300 mil pesos en espacios publicitarios.
En Puebla, el pastel publicitario, sin contar a la televisión, se lo repartieron El Sol de Puebla, una de las empresas más rentables en el conglomerado de medios propiedad de Mario Vázquez Raña, que reportó facturas por 3.7 millones de pesos; Grupo Acir, a quien se le pagaron 3.3 millones y Radio Oro, que obtuvo ganancias por 3.06 millones.
El diario Síntesis, que hace unos meses acusó haber sido excluido de las reuniones del gobernador, obtuvo ese año 2.4 millones de pesos, cifra superior a los 2.3 millones que se le entregaron a la empresa radiofónica Marconi Comunicaciones.
Mención especial merece el caso del diario Intolerancia, que bajo la razón social Editorial Periodística SA de CV, logró contratos publicitarios por 2.3 millones de pesos.
En tanto que Versus Editores SA de CV, empresa que en el padrón de proveedores del gobierno del estado se reconoce como representante legal a Enrique Núñez Quiroz, también director de Intolerancia, logró 1.1 millones de pesos en el mismo año.
Por si fuera poco, la empresa Gráfica Total, propiedad de la familia López Sainz, facturó ese año 1.3 millones de pesos. En total, casi cinco millones de pesos se destinaron a personajes vinculados a ese diario.
Para 2007, el último periodo reportado por la oficina del vocero gubernamental, otros medios entraron al círculo de los “consentidos” de la administración: El Heraldo de Puebla, una vez que el diario dejó de ser parte de la cadena que encabezaba Gutiérrez Vivó y pasó a manos de uno de los empresarios consentidos del marinismo, Ricardo Henaine, y XEPA, Punto 10 AM.
En ese año, El Heraldo de Puebla, que en los años precedentes no aparece registrado dentro de los medios impresos que el gobierno del estado contrató, logró vender casi 2 millones de pesos en publicidad a la administración marinista. Nada mal para un periódico que durante la dirección de Pablo Ruiz permaneció vetado por su insistencia de llevar el conteo de los “días de impunidad”.
Veamos el caso de la XEPA. Aunque la empresa ya participaba de la publicidad gubernamental con un promedio de facturación anual de 1 millón de pesos en los dos primeros años, en 2007 brincó a 2.1 millones sólo para el periodo enero-octubre de ese año.
Ese mismo año, la empresa cambió de arrendatarios quedando en manos de la familia Hannan. Atrás quedaban los días en que Alberto Ventosa Coghlan llevara las riendas de esa estación.
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La honestidad no es un valor de alta estima en la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, sobre todo cuando se trata de mantener fuera del ojo público el monto del gasto que se destina a la publicidad gubernamental.
Y es que entre 2007 y 2008, Gerardo Pérez Salazar y la dependencia a su cargo ofrecieron respuestas distintas a una misma pregunta. Primero, a los diputados locales en la comparecencia del funcionario público. Meses más tarde a una solicitud de información.
No queda claro a quién de los dos mintió, pero la cifra del gasto en publicidad del gobierno marinista para el 2006, el año más álgido que enfrentó la administración estatal por la divulgación de la conversaciones entre Mario Marín y el empresario textilero Kamel Nacif, bajó sorpresivamente de 184.6 millones de pesos, “como venía dentro del presupuesto 2006”, a 121.5 millones, cuando se entregó la documentación solicitada.
La actitud del secretario de Finanzas, sancionada además en el Código de Ética de los Servidores Públicos que rige el actuar de los funcionarios desde el inicio de la actual administración, no es exclusiva de esa dependencia.
Cuando se trata de evitar que se conozcan las tripas de la estrategia mediática que le permitió librar la presión social que significó el affaire Cacho-Marín, y los llevó incluso a negar la existencia de contratos para la compra de espacios publicitarios en los medios de comunicación, la dirección de Comunicación Social marinista niega la existencia de contratos y facturas, situación que viola la Ley de Adquisiciones.
Esa es la respuesta que se ha esgrimido una y otra vez, pese a que se probó, gracias al trabajo mediador de la Comisión de Acceso a la Información Pública, que el gobierno estatal sí contrata y factura espacios de promoción.
Y aunque entregó a regañadientes la información de uno de sus vehículos de promoción -el sistema de información Avances- ha bloqueado de manera sistemática cualquier otro intento por transparentar sus relaciones comerciales con empresas mediáticas, estatales y nacionales.
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Es 3 de febrero de 2007. Gerardo Pérez Salazar, secretario de Finanzas en el estado, está contrariado, enfadado. Los diputados acaban de lanzarle por varios frentes una pregunta que rondaba en el ambiente desde meses antes, cuando se puso en marcha desde la administración estatal un bombardeo mediático para posicionar la figura del gobernador.
La pregunta, de tan inevitable, le llegó no sólo desde la oposición, pues incluso los legisladores de su partido, el Revolucionario Institucional, sumaron dardos en esa dirección.
Juan Antonio Martínez Martínez, entonces presidente de la Comisión de Hacienda dejó caer las palabras: “Por último, señor secretario, quisiéramos saber todos los que estamos aquí presentes, ¿cuántos recursos fueron destinados para limpiar la imagen del gobernador después del caso Lydia Cacho? Ya que incluso existieron entrevistas y comentarios a nivel nacional en desagravio y se desactivaron los comentarios (negativos) en Televisa y en Tv Azteca, así como el costo de operadores en medios a nivel nacional”.
No sería la única pregunta o comentario sobre el tema que tuvo que enfrentar el funcionario al comparecer ante 41 diputados como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.
Rodolfo Huerta, líder de la bancada perredista, también habría de abonar al tema: “Más allá de si es publicidad o desagravio, que es una simple formulación, yo sólo le diría ¿de dónde salen los recursos y a cuánto ascienden para la defensa del caso Cacho-Marín?”.
Víctor León Castañeda, entonces legislador panista también abonó sobre el particular, al solicitar el monto del “gasto realizado por el Ejecutivo del estado en el área de comunicación social, la imagen y la defensa jurídica”.
Pérez Salazar miró al techo, sabía que el tema sería reiterativo, pero buscaba hacer patente su molestia. Tomó un trago de agua y comenzó su perorata llena de números.
En alguna parte de su intervención abordó el tema, mientras por sus mejillas subía el color.
“El diputado Juan Antonio Martínez pregunta cuántos recursos se destinaron para limpiar la imagen del gobernador después del caso Lydia Cacho. Que cuánto costó ese asunto, ¿no? Quiero comentarle señor diputado que solamente se ejercieron los… el presupuesto para comunicación social que venía dentro del presupuesto 2006, que fueron 184.6 millones de pesos, mismos recursos que son utilizados para la difusión de la totalidad de las acciones de gobierno, y que tenemos convenios concertados con diversos medios de comunicación y el pactado de los mismos corresponde a la transmisión de los programas del gobierno del estado, no para limpiar la imagen de nadie.
“Al diputado Rodolfo Huerta yo quisiera comentarle que se tiene un presupuesto que ejerce la asesoría jurídica del Ejecutivo, y que se presenta en el presupuesto de egresos, y si en su caso el señor gobernador contrató algunos abogados es de su propio ingreso, él que pague esos abogados”.
Por último, y luego de una larga sesión declamatoria de cifras, Pérez Salazar volvió a mencionar el monto del gasto en publicidad: “Fueron de 186 millones de pesos en 2005; en el 2006 fueron 184 millones 661 mil pesos, un decremento de 2 millones 331 mil pesos”.
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Pero esos 184.6 millones de 2007 se transformaron un año y tres meses después en 121.5 millones de pesos, al responder a una solicitud de información interpuesta a través de la Ley de Transparencia estatal.
La Secretaría de Finanzas entregó un documento con los montos del gasto ejercido en 2004, 2005, 2006 y hasta octubre de 2007.
En el papel, la dependencia sostiene que el gasto en 2006, el año del Maringate fue menor en un 34% a lo afirmado por Pérez Salazar ante los diputados.
También se reconoce que en 2005 no fueron 186 millones, como también aseguró el secretario de Finanzas ante los diputados, sino 114 millones de pesos lo que se destinó a la publicidad gubernamental.
Y como los números bailan, y al parecer no tienen memoria, se solicitó a la oficina del vocero y responsable de la comunicación social, encabezada por Javier Sánchez Galicia, copias de los contratos para confirmar el gasto, aun cuando las facturas ya habían sido negadas en solicitudes previas argumentando su inexistencia.
La respuesta sólo siembra más dudas: “Me permito informarle que no existen convenios publicitarios signados, ya que se trabaja con ellos a través del pago por publicación en el caso de los medios impresos y por difusión para radio y televisión; ya sean locales, nacionales o internacionales”.
Esta no es la primera vez que el gobierno asegura no tener la documentación al respecto, pero en esta ocasión fue posible que el solicitante probara la existencia de dicha información, como lo exige la CAIP para poder intervenir.
Una solicitud previa en otra dependencia permitió obtener copias de un contrato y su correspondiente factura por la publicación de un número dedicado a promocionar la actividad económica y comercial del estado en la revista Desarrollo Económico.
Pero ello no impidió ni inhibió al vocero para asegurar, en el documento que fue entregado a manera de respuesta, la inexistencia de la información. En otras solicitudes el funcionario también negó la existencia de facturas y convenios.
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La periodista Lydia Cacho Ribeiro le enmendó la plana al actual gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, al asegurar que la sentencia de Jean Succar Kuri por pederastia, pornografía infantil y otros delitos está vinculada al exgobernador Mario Marín Torres por ser parte de la red de protección de Succar encabezada por el empresario textilero Kamel Nacif.
“Que los asesores de @Rafagobernador le expliquen que la sentencia a Succar Kuri x + de 100 años exhibe a Kamel Nacif & friends.”
A través de su cuenta de Twitter y en respuesta al proceso en contra del exsecretario de Obra Pública, Javier García Ramírez, por enriquecimiento ilícito, Lydia Cacho advirtió que Mario Marín necesita fuero para evitar consecuencias legales de presuntas irregularidades en su gobierno y por el caso de la periodista que lanzó al exmandatario a la fama mundial.
Lydia Cacho le recordó también a Moreno Valle que existe un caso judicial en contra de Mario Marín por poner a disposición de Kamel Nacif la justicia poblana para aprehender y violentar sus derechos humanos, caso que llevó la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde abril de 2006 hasta noviembre de 2007.
La autora de Los demonios del Edén, comentó que Mario Marín puede ser parte del proceso judicial en contra del pederasta, debido a sus nexos con Kamel Nacif.
“Se equivoca @Rafagobernador: Sí hay caso judicial contra Mario Marín, el ‘caso Lydia Cacho’ está directamente vinculado a caso Surcar.”
Para evitar las consecuencias, el exmandatario ha buscado el fuero en la Cámara Baja y en la Alta. De acuerdo a la periodista, la exlideresa nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, le intercambió a Mario Marín la candidatura al Senado por el control del tricolor. Incluso, dice que el tema está documentado.
“Beatriz Paredes le prometió al #Goberprecioso la senaduría a cambio del control del PRI en Puebla; está documentado (…) A Mario Marín #Goberprecioso le urge el fuero como legislador para blindarse como se blindó desde el poder con KamelNacif.”
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El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de Mario Marín, gobernador del estado de Puebla, exonerándolo de cualquier culpa en el caso de la detención de la periodista Lydia Cacho, es una de las noticias más estremecedoras que ha recibido el periodismo nacional, además de ser un oscuro precedente que coloca a cualquier periodista que se atreva a escribir la verdad en la posición de ser denunciado, detenido, violentado en sus derechos fundamentales, además de ser calificado como delincuente antes de recibir sentencia.
Marío Marín Torres, símbolo de la impunidad y la corrupción en Puebla, es el segundo priísta al que hay que odiar.
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